El Suelo de Conservación de la Ciudad de México (SC-CDMX), situado principalmente en la periferia sur de la Ciudad de México (CDMX), abarca el 59% de la CDMX y se estima que alberga 12% de la biodiversidad a nivel nacional y el 2% del planeta (Munúzuri et al., 2016). Posee aproximadamente 50% de cubierta vegetal y en 90% de su territorio se encuentra en propiedad social de la tierra, con presencia de 44 núcleos agrarios como comunidades y ejidos (PAOT-SEDEMA, 2012). El SC-CDMX es reconocido por ofrecer múltiples Servicios Ecosistémicos (SE) a escala local, de la ciudad y regional. Entre los SE, se reconocen los SE hidrológicos (de agua superficial y subterránea), de captura de carbono (en suelo y biomasa), de biodiversidad (hábitat para múltiples especies de flora y fauna) y en términos funcionales los de provisión, regulación, soporte y culturales (Perevochtchikova, 2016; Galeana Pizaña et al., 2014). 

 

El SC-CDMX representa un sistema socio-ecológico complejo y dinámico (Perevochtchikova et al., 2024), que enfrenta a desafíos socio-ecológicos críticos similares a los de otras metrópolis, incluyendo la deforestación, la erosión del suelo, la tala, aumento de plagas, las invasiones por asentamientos humanos irregulares, incendios forestales y la planificación territorial inadecuada (Aguilar et al., 2022; Perevochtchikova, 2021). Por ejemplo, durante la década de 1990, el área que hoy ocupa SC-CDMX experimentó procesos de deforestación derivado de la expansión urbana que impactó cerca de 3,970 hectáreas (Aguilar et al., 2022). Estudios adicionales, como el de Núñez y Romero (2016), han documentado una pérdida anual de cobertura forestal de aproximadamente 540 hectáreas entre 1986 y 1993, incrementándose a 617 hectáreas anualmente de 1993 a 1999.  Estas dinámicas socio-territoriales han provocado cambios significativos en el uso del suelo, desde forestal a agrícola y urbano, llevando a la fragmentación y degradación ambiental, aumentando la vulnerabilidad socio-ecológica y comprometiendo la provisión de SE (Pedraza Gama, 2021). 

 

Ante estas dinámicas, una diversidad de instrumentos de política pública ambiental se ha implementado con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil (Uscanga Morales & Perevochtchikova, 2020). Donde destaca el surgimiento de la categoría del SC-CDMX en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y su respaldado en 2000 por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (actualmente en vigor). Desde entonces, se han decretado múltiples leyes y programas dirigidos a la preservación ecológica y de los SE, la producción agrícola rural y el desarrollo sostenible a través de proyectos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX, entre otras instituciones (Pérez-Campuzano et al., 2016). Esfuerzos que se han enfocado en el apoyo a, principalmente, las comunidades agrarias (Perevochtchikova, 2016). Recientemente, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la CDMX, estrategias renovadas en planeación del desarrollo urbano para garantizar la sostenibilidad de la CDMX se han creado, así como programas cuyo eje temático es el SC-CDMX, los SE y el desarrollo rural. Lo que sentó las bases para la implementación de varias iniciativas de política pública ambiental a nivel federal y local, lideradas y coordinadas principalmente por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y apoyadas por la SEDEMA. 

 

Moreno Unda & Perevochtchikova (2021) destacan la aplicación a escala local del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social (PROFACE) y el Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias y Áreas de Conservación Comunitaria Ecológica (PRCSA-REC-ACCE) (Perevochtchikova, 2014, 2016; Secretaría del Medio Ambiente, 2016). Asimismo, se han ejecutado programas federales, como el Programa de pago por servicios Ambientales hidrológicos (PSA-H) y el programa ProArbol (Perevochtchikova, 2014). Los programas de tipo de PSA se amparan legalmente a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF), el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) y la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación (LRPSASC). Hoy en día, los programas locales forman parte de las estrategias de conservación del programa Altépetl Bienestar. 

 

El Programa Altépetl Bienestar fue creado en 2019 por el Gobierno de la Ciudad de México, como una nueva política pública enfocada en la protección y el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente en las áreas de conservación (https://altepetl.cdmx.gob.mx/). Desde 2020, este programa ha intensificado sus estrategias y líneas de acción para apoyar el fortalecimiento social y la igualdad de género, fomentando la transición hacia prácticas agroecológicas. Además, implementa diversas actividades como la conservación, restauración, preservación y vigilancia ambiental comunitaria. También incluye la compensación por servicios socioambientales a comunidades agrarias, promoviendo así la producción sustentable. 

Durante los 5 años de operación del Programa Altépetl (2019-2024), el programa ha venido evolucionando a través de modificaciones entre sus componentes y reorientación de sus líneas de acción, donde se han otorgado 64,306 ayudas económicas directas, que han beneficiado a 138,369 personas con una presencia en 27 núcleos agrarios de la Ciudad de México (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2024). Dentro de los logros del programa, se reconoce un impacto directo en términos de contener un 46% de la tasa de expansión urbana, incrementar la producción de plantas para la restauración, incrementar la retribución económica de los brigadistas, ampliar la participación de núcleos agrarios, incrementar la tarifa de retribuciones ambientales, el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, y la integración de cadenas productivas (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2024). 

Resultados de evaluaciones internas con base en las metas programáticas (carácter operacional y funcional), pero que no dan cuenta de los efectos producidos y percibidos en la población beneficiaria, tampoco de los técnicos que acompañan el proceso de implementación del programa, y sus resultados en cuestión ambiental (cobertura vegetal y provisión de los SE). Por lo que el presente estudio se enfoca en los impactos socio-ecológicos producidos por el programa en sus 6 años de gestión.