En México, en la última década, el escenario migratorio ha visibilizado nuevas dinámicas en el país. La disminución de la emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos, debido al reforzamiento de la seguridad en la frontera norte y a las condiciones de violencia durante el trayecto, el incremento en el retorno forzado y el aumento y diversificación de los flujos de personas que desean ingresar a los Estados Unidos de forma irregular a través de México han complejizado el panorama migratorio (Giorguli, 2018; Anguiano y Cruz, 2016; Alarcón 2017). 

 

Los países del llamado “triángulo del norte”, Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con México, Estados Unidos y Canadá constituyen un “sistema migratorio regional”, en el que México representa un punto estratégico como puerta de entrada a Norteamérica (Nájera, 2016) o lugar de destino final, de manera más reciente. En este contexto, la relación entre migración y salud se convierte en un tema prioritario en la medida en que las condiciones en las que se producen los desplazamientos exponen a las personas a múltiples vulnerabilidades, entre ellas a riesgos en su estado de salud física y emocional (OIM, 2017; Martínez-Pizarro y Reboiras-Finardi, 2010). A finales del 2018, el gobierno federal entrante decidió otorgar permisos temporales por razones humanitarias a los migrantes centroamericanos que ingresaron a México a lo largo del mes de noviembre a través de las caravanas migrantes, proporcionándoles tarjetas de visitante por razones humanitarias con duración de un año, con las cuales pueden acceder a servicios de salud y la posibilidad de conseguir un empleo (ACNUR, 2019). Se esperaría que esta iniciativa lograra disminuir en alguna medida la situación de vulnerabilidad de los y las migrantes, particularmente en materia de salud. Sin embargo, el otorgamiento de visas humanitarias se mantuvo vigente hasta el 29 de enero del 2019, por lo que una parte considerable de los y las migrantes posteriores a esta fecha no han contado con esta posibilidad (Colef, 2019). 

 

Uno de los ámbitos poco abordados y de gran relevancia en la coyuntura migratoria actual es el de la sexualidad, la salud y los comportamientos reproductivos entre los y las migrantes que se encuentran en tránsito por México o quienes consideran al país como su destino final (Aizenberg y Baeza, 2017; Martínez-Pizarro y Reboiras-Fernardi, 2010). Distintos trabajos señalan que las relaciones sexuales ocasionales, forzadas, por sobrevivencia, intercambio de dinero e incluso placer, ocurren la mayoría de las veces sin protección, lo cual incrementa el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y VIH durante el trayecto (Infante et al., 2013; Bronfman, Leyva, Negroni y Rueda, 2002). La situación anterior se agudiza al considerar que la falta de recursos económicos, la ausencia de documentos legales, el miedo a la deportación, la burocracia dentro del sistema de salud y las prácticas discriminatorias dentro de dicho sistema desincentivan el uso de los servicios entre la población migrante en tránsito. Esto, pese a que la Ley General de Migración estipula que las personas, sin importar su condición migratoria, tienen derecho a recibir atención médica sin costo a partir de su incorporación en el Sistema de Protección en Salud por 90 días (Hacker et al., 2015; Salgado de Snyder, 2007; Leyva-Flores et al., 2015). 

 

Respecto a las prácticas reproductivas en situación de movilidad, los estudios son escasos; sobre todo considerando las condiciones de la actual migración centroamericana en México. La mayoría de los trabajos se han centrado en la comparación entre la situación de las mujeres migrantes en los lugares de destino, respecto a la ocurrencia de embarazos no deseados y acceso a métodos de anticoncepción, en comparación con mujeres nativas (Aizenberg y Baeza, 2015; Stock, 2012; Menkes, 2008); así como a la identificación de factores de riesgo de VIH diferenciados por sexo (Infante et al., 2013). 

 

Lo anterior, demanda una mirada más amplia en torno a la relación entre migración, salud, sexualidad y reproducción, particularmente desde una perspectiva de género que incorpore tanto a las mujeres como a los varones a partir de un enfoque de interseccionalidad y derechos reproductivos. Esto, implica una mixtura metodológica, ya que las fuentes de información disponibles en el país tienen limitaciones importantes (Canales et al., 2010). Las encuestas que permiten un acercamiento con el fenómeno demográfico de la migración y sus dinámicas asociadas contienen información limitada respecto a la salud, la sexualidad y la reproducción. Por otra parte, algunas de las fuentes destinadas a la medición de la salud sexual y los comportamientos reproductivos carecen de información sobre migración, o no permiten profundizar sobre las condiciones previas a la migración y durante el trayecto migratorio, ni las motivaciones de la movilidad; al tiempo que solo consideran a las mujeres en sus marcos muestrales (Pederzini, 2018). Así, un análisis que complemente la información cuantitativa que pueda generarse, con las narrativas de las y los propios migrantes resulta relevante para profundizar el análisis, dadas las condiciones actuales de la migración en tránsito por México. 

Asimismo, resulta relevante considerar un escenario pertinente para el abordaje cualitativo, para lo cual se propone el municipio de Tijuana, como aquel al que arriban mayoritariamente los flujos de centroamericanos que esperan cruzar la frontera, o que en su espera deciden radicar definitivamente en México. De hecho, es en la garita de San Ysidro donde se encuentra la mayor parte de los solicitantes de asilo (Colef, 2018). Así, Tijuana se convierte en un escenario de contención y espera en el que los y las migrantes viven su sexualidad, reconfiguran sus comportamientos reproductivos y deben atender su salud sexual.